La reciente alza en la tarifa del sistema de transporte público de Bogotá, TransMilenio, ha generado un fuerte debate político y económico en la capital colombiana. El incremento del 10,94% en la tarifa, ahora fijada en 3.550 pesos, ha sido motivo de confrontación entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Mientras que el Distrito justifica el ajuste basado en el desmesurado aumento del salario mínimo decretado por Petro en diciembre, el Gobierno nacional exige claridad sobre los fundamentos técnicos que avalan este incremento. La nueva tarifa, que entra en vigor el 14 de enero de 2026, afecta a toda la red de TransMilenio, incluyendo autobuses urbanos y el teleférico de Ciudad Bolívar, aunque mantiene subsidios para poblaciones vulnerables.
Detrás del aumento tarifario hay factores económicos de fondo. Inicialmente, se proyectó un incremento del 7,8%, reflejando la inflación prevista y el incremento en costos como el combustible. Sin embargo, el inesperado aumento del salario mínimo del 23,8%, que lo ubicó en dos millones de pesos, llevó al Distrito a reconsiderar sus cálculos y ajustar la tarifa en 100 pesos adicionales. María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio, ha explicado que esta medida busca mantener el equilibrio financiero del sistema de transporte, que requiere unos 150.000 millones de pesos adicionales para operar en 2026. En respuesta a las críticas del Gobierno nacional, Galán ha defendido la decisión como inevitable y ha llamado a un esfuerzo conjunto para afrontar el impacto financiero del incremento salarial en el transporte público.
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