El sindicato de técnicos de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha destacado el impacto positivo del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF) en las finanzas regionales de España. Según los datos más recientes de la Agencia Tributaria, la recaudación del Impuesto de Patrimonio ha experimentado un notable incremento del 58% interanual, alcanzando los 1.970 millones de euros en 2023.
Este aumento en la recaudación se debe, en parte, al incremento del 8% en las bases declaradas, impulsado por la concentración de la riqueza entre las fortunas más grandes del país. Además, la declaración de constitucionalidad del impuesto por el Tribunal Constitucional ha frenado las bonificaciones del Impuesto de Patrimonio que algunas comunidades autónomas habían implementado, en su mayoría gobernadas por el Partido Popular, con el objetivo de retener esa recaudación a nivel local.
En Madrid, la eliminación parcial de una histórica bonificación ha permitido recaudar 614 millones de euros, con un patrimonio medio declarado de 11,17 millones de euros. En total, 24.533 residentes de la región madrileña han presentado sus declaraciones dentro de un contexto de 228.575 declarantes a nivel nacional en comunidades de régimen común.
Andalucía y la Región de Murcia también ajustaron sus bonificaciones. En 2023, Andalucía recaudó 20,8 millones de euros al establecer un umbral de impuesto a partir de los 3,7 millones de euros en patrimonio neto no exento. Murcia, por su parte, elevó el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio a 3,7 millones de euros.
Gestha sostiene que el impuesto ha logrado su objetivo principal: generar más ingresos de quienes poseen mayor riqueza y equilibrar la fiscalidad del Impuesto de Patrimonio. Según la Agencia Tributaria, quienes poseen patrimonios superiores a los 700.000 euros se ven afectados, aunque las condiciones específicas dependen de cada comunidad autónoma, debido a la naturaleza cedida del tributo.
El Impuesto sobre las Grandes Fortunas, aplicado a nivel estatal desde 2022 para patrimonios superiores a 3 millones de euros, permite deducir lo pagado en el Impuesto de Patrimonio. Esto significa que la carga recae solamente en las comunidades que ofrecen bonificaciones a este tributo. En respuesta, algunas regiones han modificado sus bonificaciones para asegurar que los recursos permanezcan a nivel local en lugar de ir al Estado.
Datos de la Agencia Tributaria revelan que el número de contribuyentes con patrimonios superiores a 30 millones de euros se ha duplicado en la última década. Desde la recuperación económica tras la crisis de 2008, el número de personas con grandes riquezas no ha dejado de crecer en España.
Fuente: Gestha
