En Cataluña, tras superar la etapa del procés y alcanzar cierta estabilidad institucional a pesar de un gobierno minoritario, resurgen debates fundamentales que han estado pendientes por demasiado tiempo. Uno de los más destacados es la gobernanza del área metropolitana de Barcelona. Esta cuestión ya fue relevante durante los primeros años de la recuperación democrática tras la dictadura, especialmente con el proyecto de Pasqual Maragall, que intentó transformar la Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB) en una estructura democrática con competencias de gobierno decisivas para toda el área metropolitana, más allá del limitado territorio del ayuntamiento de la capital. Sin embargo, este proyecto enfrentó la desconfianza de los gobiernos nacionalistas de la Generalitat presididos por Jordi Pujol, quienes veían la gobernanza metropolitana como una amenaza a su consolidación institucional y su proyecto de construcción nacional. Además, los alcaldes metropolitanos socialistas, tras las elecciones de 1983, priorizaron sus posiciones en los ayuntamientos sobre el apoyo a dicho proyecto. Como resultado, las leyes de ordenación territorial de 1987 disolvieron la CMB, dejando en su lugar instrumentos de gobierno técnicos y sectoriales.
A pesar de algunos avances, como el fortalecimiento paulatino del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en sus competencias, esta entidad carece del poder y la legitimidad necesarios para abordar las necesidades de una gran conurbación urbana. Este asunto ha cobrado relevancia nuevamente, ya que Barcelona se enfrenta a retos que demandan una gobernanza metropolitana eficaz, siguiendo el ejemplo de otras grandes ciudades europeas. Expertos han destacado que problemas como la cohesión social, el derecho a la vivienda, la transición energética, la movilidad y la estrategia económica requieren una institución democrática capaz de implementar políticas coordinadas en todo el territorio metropolitano. La realidad metropolitana de Barcelona, que abarca a cinco millones de personas, es una parte esencial de la vida en Cataluña, y reabrir este debate sin caer en localismos o narrativas idealizadas es crucial para abordar los desafíos actuales y futuros de la región.
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