Madrid, 9 de octubre (SERVIMEDIA)
El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha ha calificado la creación de la nueva Agencia de Integridad Pública como la herramienta más efectiva dentro del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, presentado en el Congreso por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta nueva agencia tendrá la labor de investigar denuncias relacionadas con fraudes y corrupción, coordinándose con agencias antifraude autonómicas y municipales, como las de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid.
Para asegurar su independencia, Gestha sugiere que la Agencia se cree mediante las Cortes Generales, quienes también designarán a sus dirigentes. El sindicato pide que esta entidad cuente con funcionarios especializados en la persecución de la corrupción y que dependa directamente del Congreso en aspectos organizativos y presupuestarios.
Actualmente, a nivel nacional, solo el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude trabaja en el control de los fondos del Plan de Recuperación. Gestha propone extender las metodologías aplicadas a estos fondos a toda la Administración, destacando el buen trabajo realizado por la Intervención General del Estado.
El sindicato también ha instado a la ministra de Hacienda a ampliar las plantillas y a asignar funciones de auditoría contable a los técnicos del Ministerio para descubrir irregularidades, reforzando además la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que ha demostrado su eficacia desde su creación en 2016.
Entre las propuestas innovadoras, Gestha resalta el decomiso administrativo preventivo para incautar bienes sin condena y el establecimiento de un Sistema de Alertas Rápidas para la detección temprana de fraudes. También aboga por controles aleatorios a altos cargos y una estricta regulación de declaraciones patrimoniales.
La futura Ley de Lobbies, el control de donaciones a partidos, y la creación de secciones especializadas en corrupción en los nuevos tribunales de instancia también son vistas como medidas positivas por la organización.
Gestha apoya, además, el aumento de penas y el alargamiento de los plazos de prescripción penal para permitir más investigaciones, y la imposición de sanciones económicas significativas a empresas corruptoras, impidiéndoles contratar con el Estado.
Finalmente, se espera un aumento en las denuncias relacionadas con fraudes y corrupción gracias a nuevas protecciones para denunciantes, quienes podrán enfrentar consecuencias financieras severas por cualquier tipo de represalia. El sindicato señala que, a pesar del aumento esperado, las denuncias representan solo el 0,7% de los expedientes de licitación, subrayando la eficacia de la contratación pública en España.
Fuente: Gestha
