Con la llegada de enero de 2025, el sistema de pensiones de jubilación en España experimenta cambios significativos, destacándose un incremento del 2,8% en las pensiones contributivas, lo que se traduce en un aumento de entre 500 y 600 euros anuales para los beneficiarios. Este ajuste ha sido recibido con optimismo por los 9,3 millones de pensionistas que dependen de estas pensiones, ya sea a través del Régimen General o del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Además, se ha aprobado un incremento por encima del IPC para la pensión máxima, establecida en 3.267 euros. Sin embargo, las buenas noticias no alcanzan a los futuros pensionistas, quienes enfrentarán condiciones más estrictas para alcanzar la jubilación con el 100% de la prestación, reiterando la necesidad de acreditar 38 años y tres meses de cotizaciones a partir de 2025, conforme a las reformas introducidas en 2011 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Por otro lado, la jubilación anticipada, tanto voluntaria como involuntaria, también sufre modificaciones. En el caso de la anticipada voluntaria, quienes deseen retirarse antes de tiempo deberán cumplir nuevos requisitos, como haber cotizado al menos 35 años para jubilarse a los 64 años y 8 meses, o 38 años y tres meses para hacerlo a los 63 años. Asimismo, los coeficientes reductores por anticipación oscilarán entre el 2,81% y el 21%, dependiendo del adelanto y los años cotizados. En el ámbito de la jubilación anticipada involuntaria, trabajadores afectados por despidos objetivos, EREs o resoluciones judiciales podrán retirarse hasta cuatro años antes, siempre que hayan cotizado al menos 33 años, ajustándose a los respectivos coeficientes reductores. Estos cambios, de carácter imprescindible para asegurar la viabilidad del sistema, se imponen en un contexto de baja natalidad y elevado desempleo, complicando aún más el futuro de las pensiones en España.
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