Las Fuerzas Militares de Colombia llevaron a cabo un bombardeo el pasado 1 de octubre en el departamento del Amazonas, dirigido a desmantelar presuntas estructuras de la disidencia liderada por Iván Mordisco. Inicialmente, los informes de inteligencia aseguraron que el líder guerrillero había sido localizado, pero posteriormente confirmaron que logró escapar. El resultado del operativo dejó cuatro personas capturadas y cuatro abatidas, y una denuncia posterior de la Fundación Benéfica y Jurídica para la Paz ha puesto en evidencia que todas las víctimas eran menores de edad, civiles que aparentemente no estaban involucrados en actividades ilegales. Entre los heridos figura Luis Carlos Abarca Vilches, de solo 10 años. Esta situación ha generado controversia, pues la versión oficial choca con los testimonios y evidencias recabadas en el terreno, generando dudas sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

La polémica se acentuó aún más con otro operativo militar ejecutado el 10 de noviembre en Guaviare, donde nuevamente las cifras oficiales indicaron la muerte de menores de edad en un ataque contra las disidencias de las FARC. Tanto en el bombardeo de Amazonas como en el de Guaviare, se ha cuestionado la actuación de las fuerzas militares bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, quien reconoce el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos ilegales, pero enfrenta críticas por los daños colaterales. La presencia de niños y adolescentes en la zona debía impedir el uso de fuego letal, lo cual ha puesto al gobierno en una complicada posición política. La oposición ha aprovechado el momento para proponer una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, exigiendo una revisión de las tácticas militares en áreas pobladas por civiles.

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