El Ministerio de Trabajo español ha decidido poner fin a las negociaciones con las patronales CEOE y Cepyme para la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, tras más de 21 meses de diálogo infructuoso. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, explicó su «enorme decepción» con las patronales por su falta de progresos y por alargar las conversaciones de manera desleal. Ante esta situación, el ministerio busca ahora alcanzar un acuerdo directamente con los sindicatos UGT y CC OO, que también acusan a las asociaciones empresariales de bloquear la negociación. El trasfondo de esta disputa es la necesidad urgente de reformar una normativa considerada esencial, dado que más de 800 personas mueren anualmente en accidentes laborales en España. Pérez Rey ha realizado un llamamiento para avanzar en una normativa que contemple aspectos como el cambio climático y la salud mental, frente a las críticas de las patronales que consideran algunos puntos demasiado burocráticos.
La propuesta actual del Ministerio de Trabajo incluye, entre otras medidas, la creación de la figura del «agente territorial de prevención» para supervisar los riesgos laborales en empresas con menos de diez trabajadores, donde se registran más accidentes. También se busca reducir el umbral de empleados para que las empresas establezcan servicios de prevención propios. Estas reformas, además, consideran la crisis climática, las perspectivas de género y edad, así como el derecho a la desconexión digital de los empleados. Aunque algunas modificaciones podrían implementarse por decreto, el Ministerio busca el respaldo del Congreso para una reforma integral. Los sindicatos, por su parte, consideran la propuesta ambiciosa aunque no han logrado un consenso con las patronales, a las que acusan de estar en oposición constante al Gobierno.
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