El Ministerio de Trabajo ha iniciado una serie de movimientos en torno a su controvertido proyecto de control de registro horario, tras conocerse las críticas del Consejo de Estado. Este organismo consultivo emitió un informe en el que cuestiona diversos aspectos del borrador, generando un debate interno que conmueve a la gestión liderada por Yolanda Díaz. A pesar del rechazo, las fuentes oficiales confirmaron que la intención del departamento es modificar el real decreto para adaptarlo a las observaciones y avanzar en su tramitación.
La prioridad del Ministerio es que el sistema de registro sea íntegramente digital y accesible, con el objetivo de facilitar la inspección y reducir posibles manipulaciones de los datos sobre las horas trabajadas. Esta digitalización busca también tomar medidas contra las miles de horas extras no remuneradas, uno de los principales problemas que pretende abordar la reforma laboral en marcha.
El recelo del Consejo de Estado se centra en aspectos relacionados con la protección de datos personales y las particularidades de cada sector productivo. Sin embargo, desde Trabajo aseguran que la normativa vigente desde 2018 ya obliga a las empresas a mantener un registro horario, y que cualquier problema de tratamiento de esa información sería el mismo bajo la regulación actual o la propuesta en curso. La reforma, añaden, es fundamental para cumplir compromisos de coalición y exigencias europeas, además de reforzar la protección de los derechos de los empleados.
La intención del Ministerio también es fortalecer la participación de la negociación colectiva como medio para adaptar el control horario a las diferentes realidades sectoriales y empresariales. A diferencia de una regulación estricta a nivel estatal, esta vía complementaria permitiría mayor flexibilidad, siempre en la línea de garantizar condiciones justas y el cumplimiento efectivo de los derechos laborales.
No obstante, la iniciativa ha provocado tensiones en el corazón del Ejecutivo. Por un lado, desde Trabajo acusan a actores como el Ministerio de Economía y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de alinearse con intereses empresariales que buscarían frenar o dilatar la regulación. A pesar de ello, Yolanda Díaz ha dejado en claro que la propuesta continuará adelante, pese a los intentos de algunos sectores de frenarla.
Mientras tanto, la patronal prepara una posible batalla judicial contra la reforma, en un escenario donde la oposición jurídica no está descartada. La rapidez en la adaptación y el blindaje del texto refleja la intención de la administración de que la norma sea sólida ante eventuales recursos en los tribunales, avanzando en un marco que busca fortalecer los derechos de los trabajadores y promover la justicia en el control de horarios laborales.
