Una extrabajadora de la Embajada de España en el Reino Unido, Lydia Lorenzo, ha interpuesto una demanda contra el Gobierno español, tras ser acusada por personal de alto rango de ser una supuesta «agente doble». Esta situación se produjo en un contexto de comentarios despectivos hacia el Reino Unido y sus ciudadanos, según informó el periódico The Times. Lorenzo, quien posee doble ciudadanía española y británica, sostiene que fue objeto de conductas discriminatorias que incluyeron la restricción de acceso a ciertos documentos dentro de la embajada debido a su nacionalidad. A pesar de los intentos de Moncloa por desestimar la reclamación alegando inmunidad estatal, tres jueces británicos determinaron que las acusaciones de Lorenzo por discriminación y despido injusto deben ser evaluadas en un tribunal laboral.
El Tribunal de Apelaciones del Reino Unido, reflejando un consenso de tres jueces, decidió que los argumentos del Gobierno español no son aplicables en este caso, ya que el trabajo de Lorenzo no califica bajo la protección del derecho internacional. La representante legal de Lorenzo argumentará que un alto funcionario de la embajada incluso sugirió que Lorenzo podría ser una «agente doble». Además, un diplomático de la embajada española habría manifestado críticas hacia el gobierno británico. Ryan Bradshaw, del bufete de abogados que representa a Lorenzo, destacó el fallo como un importante precedente que reitera que las prácticas discriminatorias no deben prevalecer sobre la ley en ningún ámbito laboral. La audiencia plenaria para este caso ya había sido avalada tanto por el tribunal laboral inicial como por la corte de apelación laboral, marcando un precedente sobre la interpretación de inmunidad estatal frente a supuestas prácticas laborales desfavorables.
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