Un memo interno recientemente filtrado de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos ha desvelado que un significativo 30% de las torres de cámaras del programa «Remote Video Surveillance System» (RVSS) se encuentran actualmente fuera de servicio. La revelación apunta a «varios problemas técnicos» que afectan a alrededor de 150 torres, suscitando asombro, no tanto por su contenido, sino por la aparente sorpresa de los líderes del Congreso. Estos últimos han presionado al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, demandando explicaciones claras sobre la situación.
Durante décadas, la vigilancia en la frontera entre Estados Unidos y México ha sido criticada como un esfuerzo costoso y mal enfocado. A pesar del escepticismo bipartidista sobre la eficacia de estos programas, la tendencia política parece dirigirse hacia aumentar la financiación de iniciativas que, según múltiples informes, continúan siendo ineficaces. Ya desde mediados de los años 2000, se han subrayado las deficiencias de las torres, sin que se hayan tomado medidas significativas para abordar estos problemas. Las cámaras fronterizas, en muchos casos, se consideran más un espectáculo político: captan inicialmente la atención pública, pero su eficacia se disuelve con el tiempo, mientras las comunidades fronterizas sirven como campo de pruebas para empresas tecnológicas que explotan amenazas de seguridad nacional a menudo exageradas.
El ciclo de problemas con las torres de vigilancia es un reflejo de la política de frontera estadounidense. Programas con nombres sugerentes y promesas elaboradas se lanzan al público, solo para que, años después, los organismos de supervisión descubran que son un fracaso. En lugar de abandonarlos, los mandatarios renuevan y renombraron estos proyectos, perpetuando un ciclo de ineficiencia. Desde el Integrated Surveillance Intelligence System (ISIS) en los años 90, hasta iniciativas más recientes como el Secure Border Initiative (SBI), se repite el patrón de esconder bajo una nueva acronimia los mismos errores.
A pesar de la crítica constante y los informes que destacan la ineficacia y las irregularidades de gestión, Washington sigue apoyando estas tecnologías de vigilancia. Esto podría deberse a que, políticamente, abordar las cuestiones de la frontera como crisis humanitarias o reformar la política exterior no resulta tan atractivo como perpetuar la noción de una «invasión» que justifica medidas de fuerza. La influencia de las empresas tecnológicas y contratistas militares, quienes se benefician enormemente de estos proyectos, resalta el desafío de cambiar el enfoque. Este apoyo continuo deja a los contribuyentes con el costo de tecnologías ineficaces y afecta las libertades civiles de las comunidades fronterizas, así como los derechos de solicitantes de asilo y migrantes. La falta de rendición de cuentas en el desperdicio de miles de millones en tecnología obsoleta sugiere que, a menos que se impulse un cambio significativo, este ciclo de errores persistirá.
