En un ambiente cargado de desacuerdos, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, expresó su decepción tras la reunión del Comité preparatorio de la Conferencia de Presidentes, prevista para el 6 de junio en Barcelona. El conflicto surgió cuando las 13 comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el Partido Popular votaron en contra de aprobar el orden del día del próximo encuentro.
A pesar de haber incorporado casi todas las propuestas de las comunidades autónomas, la negativa del bloque popular fue contundente. Torres señaló que inicialmente se trabajará con dos puntos propuestos por el Gobierno central: acceso a la vivienda y educación universitaria junto a la Formación Profesional.
El ministro detalló que la propuesta modificada ya contemplaba demandas específicas. Al tema del acceso a la vivienda, se le añadieron políticas solicitadas por Cataluña y la preocupación sobre la compra por extranjeros y ocupación de Canarias y las comunidades del PP, respectivamente. En el ámbito de la educación, se quiso incluir la financiación de la Educación Infantil, también impulsada por las regiones populares.
Otro aspecto relevante fue la inclusión de un tercer punto sobre el modelo energético, que amplía el debate hacia la descarbonización y la seguridad, atendiendo a los requerimientos del País Vasco y las comunidades del PP.
Propuestas adicionales, como la reestructuración de la deuda autonómica y un pacto migratorio, también se consideraron, pero no fueron suficientes para acallar las discordancias. Torres insistió en que la Conferencia de Presidentes debe servir como un espacio de cogobernanza y no de disputas partidistas.
No obstante, la jornada no estuvo exenta de propuestas fuera del marco competencial de la conferencia. Las comunidades dirigidas por el PP intentaron introducir temas como el control de fronteras y la suspensión de iniciativas legislativas en materia de Justicia, aspectos que según informes jurídicos, exceden la finalidad de este foro.
La controversia subió de tono cuando se sugirió modificar un reglamento aprobado por unanimidad, incluso bajo el mandato de Mariano Rajoy, algo que Torres desestimó, abogando por renunciar a posturas intransigentes para favorecer el beneficio común.
La falta de consenso en este encuentro deja en evidencia las tensiones políticas y abre interrogantes sobre la capacidad de estos encuentros para abordar temas cruciales de la agenda nacional.
Fuente: Ministerio Políticas Territoriales y Memoria Democrática.
