Las calles del barrio de Ibiza, en Madrid, reflejan la lucha de María del Carmen Abascal, una anciana de 87 años, quien enfrenta un inminente desahucio tras haber vivido toda su vida en un piso de la calle Sainz de Baranda. Maricarmen, como la conocen sus vecinos, heredó el contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956, que ha mantenido hasta ahora gracias a las subrogaciones permitidas por la ley. Sin embargo, los nuevos propietarios, el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., buscan triplicar su renta mensual de 500 euros a 1.650 euros, una cantidad insostenible para su pensión de 1.450 euros. La situación ha puesto en evidencia los problemas del sistema de alquileres en España, especialmente para las personas mayores que viven solas.
El caso de Maricarmen es particularmente significativo debido a las restricciones históricas que discriminaron a las mujeres en los contratos de arrendamiento durante el franquismo. Aunque inicialmente logró ganar en los tribunales, el Tribunal Supremo falló en su contra en marzo pasado. Con el apoyo del Sindicato de Inquilinas, Maricarmen denuncia la falta de humanidad en las actuales leyes de vivienda que priorizan los formalismos sobre las realidades sociales. Mientras busca justicia y espera evitar su desalojo, su historia refleja tanto un problema personal como una crisis más amplia de acceso a viviendas dignas en España, donde los desahucios continúan afectando a decenas de personas diariamente.
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