En Estados Unidos, una reciente confrontación legal ha subrayado las complejidades entre las normativas estatales y los derechos constitucionales de los jóvenes en el ámbito digital. La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha intervenido en el caso NetChoice contra el estado de Utah, cuestionando la legalidad de la Ley de Protección Menor en Redes Sociales. Esta legislación busca limitar las interacciones de los jóvenes en plataformas sociales, permitiéndoles conectarse únicamente con usuarios preaprobados.
La normativa exige que los menores obtengan el consentimiento de sus padres para interactuar con personas externas a su círculo inmediato, haciendo sus cuentas invisibles para otros. La EFF argumenta que esta ley no solo viola los derechos de la juventud, sino que también impacta a todos los usuarios de las redes sociales, dado que obliga a verificar la edad, comprometiendo así el anonimato y privacidad de los usuarios. Este requerimiento podría llevar a la exclusión de personas del acceso a contenido legal o reprimir su libertad de expresión.
Según la EFF, los jóvenes, al igual que los adultos, poseen derechos garantizados por la Primera Enmienda, los cuales incluyen la libertad de expresión y el acceso a debates políticos, artísticos y religiosos en línea. Las restricciones de Utah, apunta la EFF, impiden que los jóvenes se comuniquen eficazmente, afectando su desarrollo personal y social al bloquear su participación en la comunidad y el entorno general.
La ley también podría desincentivar la participación de usuarios en plataformas digitales, ya que el temor a revelar información personal podría generar preocupación sobre la privacidad y seguridad. Diversos grupos, como la ACLU y otras organizaciones, respaldan esta visión, argumentando que la protección de los jóvenes no debe comprometer derechos fundamentales como la expresión y privacidad en el entorno digital.
