La noche del sábado, cerca de 170 millones de estadounidenses se encontraron sin poder acceder a TikTok, la popular aplicación de vídeos cortos propiedad de la gigante tecnológica china ByteDance. El apagón se produjo inesperadamente hora y media antes de la medianoche, alineado con una ley aprobada el año pasado por el Congreso de Estados Unidos, la cual fue ratificada por el Tribunal Supremo tan solo un día antes. La normativa prohíbe las aplicaciones bajo control chino por razones de seguridad nacional, dejando a TikTok en una posición precaria dado que la plataforma no logró desvincularse de su matriz china dentro del periodo estipulado. A pesar de las expectativas nocturnas de los usuarios, que incluyeron rumores infundados sobre intervenciones como la compra de la app por Elon Musk, la aplicación exhibió comunicados de suspensión, indicando tareas en curso para su restablecimiento en el país.
En un giro político, el presidente electo Donald Trump, en una entrevista reciente, insinuó que podría considerar la concesión de una prórroga de 90 días para la implementación de la prohibición, una vez que asuma el cargo. Sin embargo, el Presidente debería certificar que se están haciendo progresos significativos hacia una desinversión efectiva y demostrar la existencia de acuerdos jurídicos vinculantes para facilitar el cumplimiento de la ley. Mientras tanto, los proveedores de servicios tecnológicos como Oracle y AWS, junto con las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, cesaron la distribución y mantenimiento del servicio, acatando el mandato legislativo que persigue evitar que China use TikTok como una herramienta de recopilación de datos y propaganda en suelo estadounidense. El Departamento de Justicia, al defender la ley, subrayó el potencial riesgo de seguridad nacional que representa el control chino sobre la aplicación, una perspectiva que refuerza el sentido de urgencia detrás de esta acción legislativa inédita.
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