Un reciente informe de la ONU detalla graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El documento resalta acciones sistemáticas de represión, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales dirigidas contra opositores políticos y manifestantes. Estas prácticas, según el informe, forman parte de una estrategia del gobierno venezolano para consolidar su poder y controlar a la población a través del miedo. La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación ante estos hallazgos, intensificando las demandas de sanciones y medidas de presión contra el régimen.
El informe también subraya la complicidad de altos funcionarios gubernamentales y de las fuerzas de seguridad en la perpetración de estos abusos. Según la ONU, existen evidencias claras de que estos actos no son incidentales, sino una política de Estado implementada con el conocimiento y la participación activa de los líderes del gobierno. Grupos defensores de derechos humanos han renovado sus llamados a una intervención internacional más robusta, mientras que el régimen de Maduro sigue negando las acusaciones, calificándolas de intentos externos de desestabilización. En este contexto, la situación humanitaria en Venezuela continúa deteriorándose, con millones de personas enfrentando condiciones de vida extremas debido a la crisis económica y política en curso.
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