El Gobierno español ha designado a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, en reemplazo de Álvaro García Ortiz, quien fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos relacionado con el empresario Alberto González Amador. Este caso ha tenido eco mediático debido a la vinculación de González Amador con Isabel Díaz Ayuso y el proceso de fraude fiscal que enfrenta. Con esta designación, Peramato se convierte en la cuarta persona en ocupar este cargo durante el mandato de Pedro Sánchez, tras las gestiones de María José Segarra, Dolores Delgado y el propio García Ortiz.
La renuncia de García Ortiz, presentada antes de la ejecución formal de la inhabilitación, ha sido aceptada con prontitud por el Gobierno. En su carta de dimisión dirigida al ministro de Justicia, García Ortiz expresó su respeto por las decisiones judiciales y su deseo de proteger la integridad de la Fiscalía española. Hasta que se haga oficial el nombramiento de Peramato, se espera que Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, asuma temporalmente las funciones del cargo. Como establece la Constitución, el nombramiento oficial del fiscal general del Estado es realizado por el Rey tras una propuesta no vinculante del Consejo General del Poder Judicial, seguido de una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso para validar el proceso.
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