En el vertiginoso y complejo auge de la inteligencia artificial (IA), la lucha por su control y regulación se ha intensificado significativamente. En medio de esta batalla tecnológica, figuras prominentes como Fernando de Águeda, vicepresidente de Scalian y responsable en España, han subrayado la necesidad de un equilibrio preciso entre la regulación, la supervisión ciudadana, la innovación y la ética.
Recientemente, Elon Musk ha captado la atención global al intentar adquirir OpenAI, el cerebro detrás de ChatGPT, lo que no solo refleja el interés comercial sino también plantea serias preguntas sobre el futuro de la regulación de la IA. Pese al fallido intento de compra, Musk ha señalado sus preocupaciones sobre la escasa regulación actual y ahora busca implementar la IA para reducir gastos en colaboración con la administración estadounidense.
Mientras tanto, expertos del sector, como De Águeda, alertan sobre los desequilibrios potenciales que acarrea el manejo descontrolado de esta tecnología. «La IA otorga poder», enfatiza De Águeda, subrayando que este poder es un incentivo para aquellos que deseen controlarlo. Hoy, la inteligencia artificial impacta nuestra cotidianidad, desde la selección de contenidos en redes sociales hasta predicciones en el ámbito médico y judicial. Sin un control adecuado, su desarrollo podría derivar en peligros impredecibles.
El reto, entonces, no es solo controlarla, sino decidir cómo hacerlo. Según De Águeda, el control tiene dos dimensiones cruciales: la técnica y la ética. En el ámbito técnico, es esencial asegurar la supervisión humana, establecer límites claros en la toma de decisiones automatizadas y garantizar la explicabilidad de los algoritmos. Por otro lado, desde una perspectiva ética, se deben abordar desafíos como la protección de datos, la privacidad y la transparencia.
Geopolíticamente, la IA está dominada por potencias como Estados Unidos y China, mientras que la Unión Europea se posiciona con un enfoque más ético pero menos innovador. Esta distribución genera una desigualdad tecnológica y una falta de cooperación internacional preocupantes. De Águeda advierte sobre la amenaza de un escenario sin regulación global, donde empresas operen bajo restricciones dispares. «La IA no tiene fronteras», señala, destacando la necesidad de una regulación unificada para evitar abusos o monopolios.
La cuestión de si los estados deberían desarrollar sus propias IAs para el beneficio ciudadano es más compleja. Una IA gubernamental podría optimizar recursos y servicios, pero plantea riesgos de manipulación política si no se gestiona con transparencia y ética.
La colaboración entre empresas tecnológicas y estados es vital, pero debe ser cuidadosamente regulada para evitar excesos de control o restricciones competitivas. De Águeda sugiere un modelo de cooperación donde las compañías compartan información clave sin comprometer la innovación.
En este momento crucial para la IA, su destino —ya sea como herramienta de progreso o de control masivo— depende de quién logre regularla y con qué objetivos. La pregunta fundamental, concluye Fernando de Águeda, no es simplemente cómo o para qué se controla la IA, sino quién debería tener el poder de hacerlo.
