La reciente reforma judicial en México, anunciada oficialmente el 15 de septiembre, ha desencadenado un escenario de intensas disputas políticas que superan el ámbito técnico. Las tradicionales consideraciones sobre redacción y adaptación a principios constitucionales han quedado relegadas, siendo sustituidas por un debate que apunta a la capacidad del gobierno mayoritario para imponer su voluntad frente a la resistencia de opositores jurídicos y políticos. Con una narrativa que se asemeja a un conflicto militar, el oficialismo ha emprendido una carrera acelerada para implementar leyes destinadas a las elecciones extraordinarias de ministros de la Suprema Corte y otros cargos judiciales, previstas para junio del próximo año. La atmósfera bélica entre los grupos enfrentados no solo refleja el deseo de victoria total, sino también una creciente polarización marcada por una división tajante entre aliados y adversarios.
Por otra parte, los opositores a la reforma han desplegado una variada gama de estrategias para manifestar su descontento, desde paros de labores en el ámbito judicial hasta la movilización social y la presentación de recursos legales. La principal preocupación entre estos grupos radica en las posibles contradicciones de la reforma con el orden constitucional vigente y el riesgo de concentración del poder que podría socavar la democracia en el país. A medida que las tensiones continúan escalando, el desenlace de este enfrentamiento dependerá en gran medida de las resoluciones judiciales que están próximas a darse. Estas decisiones legales influirán directamente en las acciones legislativas, planteando un potencial conflicto entre quienes priorizan la legitimidad electoral frente a aquellos que defienden la legalidad constitucional. La intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum será crucial para mediar en esta disputa, balanceando su rol como jefa de Estado con la necesidad de mantener el respaldo al Poder Judicial, preservando así la legitimidad de su gobierno.
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