La reciente condena contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por manipulación de testigos ha desatado un intenso debate político en Colombia, evidenciando profundas divisiones. Mientras sectores de la derecha acusan al sistema judicial de estar instrumentalizado políticamente contra Uribe, señalando una supuesta persecución y ataque a la democracia, sectores de la izquierda defienden la independencia de la justicia, remarcando que esta decisión es solo el inicio de un esperado ajuste de cuentas. El presidente Gustavo Petro ha emplazado al respeto por la justicia, rechazando cualquier forma de injerencia externa que pueda socavar la soberanía del país.
Internacionalmente, el Gobierno de Estados Unidos ha criticado la condena, defendiendo al exmandatario y señalando lo que consideran un uso político del poder judicial, mientras que voces más moderadas dentro de Colombia subrayan la importancia de respetar los fallos judiciales, advirtiendo sobre los riesgos de politizar la justicia. La polarización ha propiciado un clima de tensión, pero actores políticos y organizaciones de derechos humanos insisten en la relevancia de mantener la independencia judicial y proteger a la jueza Sandra Heredia, quien ha sido blanco de amenazas tras su fallo. La narrativa del ‘lawfare’ es cuestionada también por figuras del centro político, que urgen a respetar las decisiones judiciales como pilar central de la democracia colombiana.
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