La investigación del caso Montoro ha enfrentado a la fiscal Carmen García Cerdá con sus superiores en la Fiscalía Anticorrupción y ciertos mandos de la Guardia Civil. El exministro Cristóbal Montoro y 27 personas más están imputados en este complejo caso, originado por roces y discrepancias en los métodos de investigación, que comenzaron con la intervención de teléfonos de sospechosos y exploraron usos irregulares de información fiscal sensible. Los Mossos d’Esquadra, durante registros en 2017, descubrieron casualmente indicios de una supuesta trama de corrupción para beneficiar a empresas a través de reformas legislativas. Así comenzó una investigación oficial en 2018 que todavía genera tensiones internas.
Desde entonces, las medidas investigativas se han visto obstaculizadas por polémicas internas entre García Cerdá y la cúpula de su Fiscalía. A pesar de los intentos por avanzar, ciertas autorizaciones fueron revocadas, como el pinche puesto en marcha por los Mossos y la Guardia Civil a petición del juez Rus. Las diferencias se agravaron cuando las decisiones fiscales significaron rechazo hacia las peticiones de García Cerdá, quien llegó a apelar al artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal por discrepancias con sus superiores. Su insistencia derivó en una sanción, argumentando que buscó evadir órdenes, mientras la Guardia Civil ha defendido su proceder alegando insuficiencia de pruebas. Esto ha desembocado en un complicado proceso que aún evoluciona, con un reciente levantamiento del secreto y defendiendo su validez, mientras los imputados solicitan la anulación de las actuaciones.
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