Desde la reunión en Moncloa el pasado martes, las dos vicepresidentas del Gobierno español han mostrado un distanciamiento evidente, absteniéndose de coincidir en eventos públicos y manteniendo firmemente sus posturas respecto a la tributación del salario mínimo. La divergencia surgió a raíz de una acalorada discusión durante la sesión, en la cual cada una sostuvo argumentos opuestos sobre cómo debería estructurarse el sistema impositivo para este segmento salarial. Esta brecha en la cúpula gubernamental ha intensificado las tensiones internas y ha generado una serie de interrogantes sobre el posible impacto en la cohesión del Ejecutivo y sus futuras políticas económicas.
Fuentes cercanas al Gobierno informan que ninguna de las vicepresidentas parece dispuesta a ceder en su postura, lo que mantiene el tema en un punto muerto. En un contexto donde las decisiones fiscales son cruciales para el panorama económico del país, la falta de consenso amenaza con obstaculizar avances significativos en materia de justicia salarial. Analistas políticos advierten que esta situación podría tener repercusiones en los pactos de coalición y recomendaron dialogar para evitar una polarización en el seno del Gobierno, que ya enfrenta múltiples desafíos tanto a nivel nacional como internacional.
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