La situación de los menores tutelados en el País Vasco ha generado controversia a raíz de las declaraciones de Alfonso Pradales, quien asegura que la mitad de estos jóvenes llega en autobús desde Andalucía. Este comentario ha intensificado el debate sobre la gestión de los menores no acompañados y el reparto de responsabilidades entre comunidades autónomas. La afirmación de Pradales ha puesto bajo el foco las políticas de traslado de jóvenes, generando preocupación sobre si se está realizando una distribución equilibrada y justa entre las diferentes regiones del país.
En respuesta, la Junta de Andalucía ha criticado duramente al Gobierno central, acusándolo de fomentar una «guerra entre comunidades» por intereses políticos. La Junta argumenta que, en lugar de buscar soluciones cooperativas, se está incitando a la confrontación territorial. Este intercambio de acusaciones ha incrementado la tensión política y plantea interrogantes sobre cómo se deben gestionar los menores y cuál debe ser la implicación de cada comunidad autónoma en este proceso.
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