El Ayuntamiento de Parla ha aprobado inicialmente la nueva tasa por recogida y reciclaje de residuos sólidos urbanos, en cumplimiento de la Ley estatal 7/2022 y las directrices europeas de sostenibilidad. La medida, defendida por el Gobierno local (PSOE y Más Madrid) como necesaria para cubrir el coste del servicio, ha generado un fuerte debate político y social en la localidad, especialmente por su posible impacto sobre las economías más vulnerables.
La tasa, compuesta por una cuota fija de 84 euros anuales y otra variable en función del valor catastral de la vivienda y el número de empadronados, podría situarse entre 100 y 250 euros por hogar, según estimaciones de la oposición municipal. Desde el Ejecutivo local, el concejal de Hacienda, Andrés Correa Barbado, ha subrayado que se trata de una medida “sin afán recaudatorio” y que se han previsto bonificaciones de hasta el 90 % para personas en situación de vulnerabilidad, según su nivel de renta respecto al IPREM.
A pesar de estas previsiones, Podemos Parla ha expresado su disconformidad por la falta de diálogo tras tres semanas sin respuesta del equipo de gobierno. La formación morada reclama la exención total de la tasa para los colectivos más desfavorecidos, como beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, víctimas de violencia de género, familias numerosas y monoparentales vulnerables, pensionistas con recursos limitados y cualquier persona en situación de exclusión social acreditada por los Servicios Sociales.
“La ley obliga a aplicar la tasa, pero también a proteger a quienes más lo necesitan”, ha afirmado Carla E. Valero, portavoz de Podemos-IU, quien denuncia la “falta de empatía institucional” y solicita la apertura urgente de una mesa de diálogo. Su propuesta incluye además un periodo de carencia de dos meses tras la aprobación definitiva para que los vecinos puedan informarse y gestionar sus solicitudes de bonificación.
El equipo de Gobierno defiende que el sistema está diseñado con criterios de “progresividad fiscal y justicia ambiental”, incorporando bonificaciones adicionales del 10 % por buenas prácticas como el uso habitual de puntos limpios, compostaje y separación de residuos. Aun así, el clima político en el municipio se ha tensionado, con PP y Vox votando en contra en el Pleno y organizaciones sociales pidiendo mayor claridad.
La entrada en vigor del cobro está prevista para este mismo año, lo que ha generado inquietud entre familias con bajos ingresos, que podrían ver en el recibo un golpe a su economía doméstica. Mientras tanto, desde el Ayuntamiento se insiste en que los servicios técnicos ya están contemplando mecanismos para garantizar la equidad y se invita a los ciudadanos a consultar las condiciones y acogerse a las reducciones si cumplen los requisitos.
Este nuevo “tasazo de la basura” pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los gobiernos locales en la aplicación de políticas medioambientales bajo el principio de “quien contamina, paga”, sin comprometer la cohesión social ni la justicia fiscal. Con la aprobación definitiva aún pendiente, la presión política y social continuará marcando la agenda parleña en los próximos meses.
vía: ayuntamiento Parla
