Durante la última semana, el Consejo de Ministros se ha visto envuelto en una serie de tensiones internas dentro de la coalición gubernamental, dejándose sentir con mayor intensidad en la rueda de prensa posterior a la reunión. Mientras que en reuniones anteriores las discusiones giraban alrededor de la reducción de la jornada laboral, la atención ahora se centra en un tema fiscal altamente sensible: la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI). La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, criticó públicamente la decisión de Hacienda, liderada por María Jesús Montero, de gravar por primera vez a los perceptores del SMI, decisión que tomó sin informar previamente a sus colegas de Sumar, generando un debate abierto que mostró fisuras en la coalición. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, intentó defender la medida con argumentos de equidad fiscal, mostrando gráficos y buscando recuperar el enfoque positivo respecto a la reciente subida del SMI, pero el desacuerdo y la falta de comunicación fueron evidentes para todos los presentes.
El enfrentamiento ha trascendido puertas afuera, con Sumar anunciando su intención de presentar una Proposición de Ley para mantener exento de IRPF al SMI y dejando claro su desacuerdo con el proceder gubernamental. Esta tensión también ha resonado en los pasillos del Congreso, donde partidos como Podemos y el Partido Popular han manifestado sus propios cursos de acción para revertir la medida, destacando un rechazo firme a la decisión unilateral del ministerio de Hacienda. Además, partidos nacionalistas como BNG, EH Bildu y ERC han expresado su apoyo a la iniciativa de Sumar, resaltando la oposición al anuncio de Hacienda en diversas regiones. En medio de esta disputa política, el ajuste pactado del salario mínimo a 1.184 euros mensuales, resultante del reciente acuerdo entre Gobierno y sindicatos, se encuentra en riesgo de quedar opacado por la polémica fiscal. La discusión alrededor de los impuestos y el salario mínimo refleja no solo las diferencias dentro del gobierno de coalición, sino también un desafío más amplio en cuanto a la comunicación y la gestión de políticas económicas sensibles.
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