Byron Black, condenado a muerte por el asesinato de su novia y las dos hijas de ella en 1988, fue ejecutado este martes en Tennessee mediante inyección letal. La defensa del hombre, de 69 años, había argumentado que su desfibrilador cardíaco podía exacerbar su sufrimiento durante la ejecución. Sin embargo, tanto el Tribunal Supremo de Estados Unidos como el gobernador del estado, Bill Lee, rechazaron las peticiones de clemencia. A pesar de las alegaciones de discapacidad intelectual y el dilema ético planteado por el dispositivo médico implantado, las autoridades procedieron con la ejecución, lo que ha reavivado el debate sobre la pena capital y su aplicación a personas con discapacidad.
La ejecución de Black se suma a un creciente número de ejecuciones en EE.UU. en 2023, alcanzando las 28, superando el total del año anterior. Las encuestas revelan que, si bien una pequeña mayoría de estadounidenses apoya la pena de muerte, hay una oposición generalizada cuando se trata de personas con discapacidad intelectual. Black es el primer prisionero con dicha condición ejecutado en Tennessee desde la legalización de la pena capital en los años setenta. Este caso destaca las continuas controversias en torno a los métodos de ejecución, especialmente en cuanto a la adecuación y humanidad de sus procedimientos.
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