Este lunes, Telefónica ha presentado formalmente su primera propuesta en el marco del nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) dirigido a sus filiales, en respuesta a la necesidad de reducir costes y ajustar su plantilla a las nuevas condiciones del mercado. La iniciativa contempla principalmente prejubilaciones, siguiendo los criterios económicos del ERE que la compañía planteó en 2024, con diferentes tramos de retribución según la edad de los empleados.
La oferta de la empresa contempla, en términos generales, una retribución que oscila desde un 68% del salario hasta los 63 años para quienes nacieron entre 1969 y 1971, hasta un 34% entre los 63 y 65 años para empleados con fecha de nacimiento anterior a 1964. Además, incluye mejoras como actualizaciones salariales anuales, cobertura sanitaria básica y aportaciones extraordinarias al plan de pensiones, entre otras medidas que buscan suavizar el impacto del proceso en los trabajadores afectados.
No obstante, los sindicatos no han visto con buenos ojos esta propuesta y han elevado sus críticas. UGT, uno de los principales representantes del personal, ha rechazado el plan al considerarlo insuficiente y ha advertido que, sin mejoras sustanciales, no será posible llegar a un acuerdo. El sindicato denuncia que la compañía mantiene la opción de realizar hasta 5.040 despidos forzosos y limita la voluntariedad en áreas consideradas críticas, lo que, en su opinión, viola la premisa de un proceso verdaderamente voluntario y garantiza la estabilidad laboral vigente en el acuerdo colectivo anterior.
UGT exige que el proceso sea realmente voluntario, garantizando la posibilidad de acogerse en áreas no excedentarias, protección para quienes quedaron excluidos en el ERE previo, además de fortalecer las medidas de protección social, como el convenio especial con la Seguridad Social. También hace hincapié en la necesidad de un compromiso firme de la empresa para la creación de empleo y en la transparencia en el manejo de toda la información relativa al proceso, buscando que las condiciones compensen la eliminación de la prima de voluntariedad. Sin estos avances, el sindicato sostiene que no habrá acuerdo que beneficie a los empleados ni que garantice un proceso justo y equilibrado.
Por su parte, CCOO ha presentado sus propias demandas, entre ellas la solicitud de un incremento en el porcentaje del salario regulador aplicado en las prejubilaciones, aunque aún no han concreta una cifra específica. También propone que la antigüedad requerida para beneficiarse del ERE se considere en función de la fecha en que el trabajador planifique su salida, en lugar de la fecha de adhesión, con el objetivo de ampliar las condiciones favorables para más empleados.
Por otro lado, Telefónica tiene previsto indicar en las próximas horas las condiciones específicas que aplicará en las cuatro filiales restantes afectadas por el proceso de despido colectivo: Movistar+, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A., en las que se han planteado un total de 1.048 salidas.
En total, el impacto del ERE abarca a siete compañías, siendo la más afectada Telefónica de España, con una previsión de 3.649 despidos, que representa aproximadamente el 41% de su plantilla de 8.892 empleados. Le siguen Telefónica Móviles con 1.124 salidas (el 31,34% de su plantilla), Telefónica Soluciones con 267 (el 23,89%), Movistar+ con 297 (el 34,53%), Telefónica Global Solutions con 140 (el 21,94%), Telefónica Innovación Digital con 233 (el 23,46%) y Telefónica S.A., con 378 despidos, equivalentes al 32,58% de sus 1.160 trabajadores. Estos movimientos reflejan la magnitud del proceso en un contexto en el que la empresa busca adaptar su estructura a las nuevas condiciones económicas, aunque los sindicatos advierten de las dificultades y pedidos de garantías para proteger a la plantilla ante un escenario complejo y carregado de incertidumbre.
