Telefónica ha puesto sobre la mesa un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a 6.088 personas en España, repartidas entre siete sociedades del grupo. La propuesta eleva el listón respecto al planteamiento inicial (más de 5.000 salidas en cuatro filiales) e incorpora ahora a Telefónica S.A., Global Solutions e Innovación Digital, con el objetivo de cerrar la negociación antes de fin de año. Sindicatos como UGT y CCOO han rechazado de entrada las cifras y reclaman que cualquier salida sea voluntaria y basada, preferentemente, en prejubilaciones.
Según la documentación trasladada a las organizaciones sindicales, el reparto propuesto sitúa a Telefónica de España como la más afectada, con 3.649 puestos (el 41,0 % de su plantilla). Le siguen Telefónica Móviles (1.124, el 31,3 %), Movistar+ (297, el 34,5 %), Telefónica Soluciones (267, el 23,9 %), Telefónica S.A. (378, el 32,6 %), Telefónica Innovación Digital (233, el 23,5 %) y Telefónica Global Solutions (140, el 21,9 %). En conjunto, el recorte planteado equivale a aprox. el 35 % de las plantillas de esas siete filiales en España. Las cifras son un punto de partida sujeto a negociación en cada mesa.
El anuncio llega un año después del ERE firmado en enero de 2024 para 3.421 trabajadores, cuyo coste estimado fue de 1.300 millones de euros antes de impuestos y que, según la compañía, no supuso salida de caja al estar provisionado. Aquel expediente—que arrancó con una propuesta superior a 5.000 salidas—se redujo tras la negociación colectiva y conllevó ahorros anuales previstos de en torno a 285 millones a partir de 2025.
Desde el punto de vista político, la propuesta ha encendido las alarmas: el Gobierno, a través de SEPI (que mantiene alrededor del 10 % del capital de Telefónica), ha criticado con dureza el nuevo ajuste, mientras que los sindicatos insisten en que no concurren razones para un recorte de esta magnitud y piden garantías sobre el carácter voluntario de las salidas. La empresa defiende que el ERE forma parte de una transformación organizativa y de su plan estratégico hacia 2030, con foco en simplificación, eliminación de duplicidades y eficiencia.
En el frente laboral, la incógnita es doble: por un lado, cuántas de las 6.088 salidas planteadas se materializarán tras la negociación y, por otro, en qué condiciones. La experiencia de 2024 sugiere que puede haber un ajuste a la baja en el número final, con un peso relevante de bajas voluntarias y prejubilaciones para los colectivos con más antigüedad. El calendario es ajustado: las mesas de negociación se han ido constituyendo por filiales y se pretende concluir el proceso en pocas semanas.
Más allá del impacto humano, el expediente reabre el debate sobre la estructura del grupo en España y su transición hacia un modelo corporativo más ligero. El movimiento se enmarca en un contexto de presión competitiva, cambios de consumo, inversiones en redes y servicios digitales, y en la carrera por contener costes en un mercado maduro. En paralelo, el ERE ha entrado en la agenda pública y mediática, con reacciones encontradas—desde la lectura de “ajuste inevitable” a la de “recorte excesivo” en una empresa con resultados positivos—mientras continúan las reuniones con los representantes de la plantilla.
En términos de mercado, el anuncio ha tenido reflejo en el parqué y en informes de analistas que ponderan el potencial efecto de la medida sobre los costes recurrentes y la generación de caja a medio plazo, recordando los precedentes de 2024. El desenlace de la negociación—voluntariedad, compensaciones y número final—será determinante para calibrar el impacto financiero y la reputación social del grupo en España.
De confirmarse en los términos iniciales, el ERE de 2025 sería uno de los mayores de la historia reciente de Telefónica en España por alcance y porcentaje sobre las plantillas de las sociedades afectadas. Pero, como recuerdan sindicatos y fuentes del sector, los ERE evolucionan durante la negociación: lo relevante ahora es cómo se articula la voluntariedad, qué colectivos se priorizan y con qué salvaguardas para la continuidad operativa en áreas sensibles (red, atención a clientes, tecnología y contenidos).
En lo social, queda el impacto sobre familias y territorios: el mapa de afectación se solapa con centros en Madrid y otras comunidades donde el grupo concentra actividad. La huella de Telefónica en proveedores y servicios añade otra capa al análisis, con la atención puesta en si el ajuste derivará en externalizaciones o reorganizaciones internas. En un entorno de digitalización acelerada, la negociación marcará también el perímetro de la recualificación y la movilidad interna para retener talento en áreas de alto valor.
Próximos pasos. Las mesas seguirán esta semana con intercambio de memorias técnicas, propuestas de cupos y criterios de adhesión. Si hay acuerdo, el texto final fijará plazos, indemnizaciones y condiciones. Si no, el expediente podría judicializarse o demorarse, un escenario que ni empresa ni sindicatos contemplan como deseable.
