Telefónica ha puesto fin a las negociaciones con los sindicatos y ha comunicado oficialmente su intención de activar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a siete de sus principales filiales. Este proceso, que impactará significativamente en la estructura del grupo, ha sido ajustado en sus cifras tras las últimas conversaciones, reduciendo el volumen mínimo de bajas propuestas a 4.525 empleados, 14 menos que en la planificación inicial.
El anuncio se produce en un contexto de intensos debates entre la compañía y los representantes laborales, quienes insistieron en mantener la voluntariedad como eje central del proceso para mitigar los efectos traumáticos de los despidos. Finalmente, tras diversas negociaciones, se ha alcanzado un acuerdo que contempla distintas condiciones según las filiales y los tramos de edad de los empleados.
El proceso de adhesión comienza el 29 de diciembre en las filiales amparadas bajo el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), como Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. En ellas, la ventana permanecerá abierta hasta el 26 de enero, permitiendo a los trabajadores optar de manera voluntaria por la salida. Por otro lado, las filiales de las Global Business Units (GBU)—Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A.— abrirán su período de solicitudes el 29 de diciembre y lo cerrarán el 29 de enero. Movistar+, por su parte, tendrá su periodo desde el 7 de enero hasta el 6 de febrero.
El impacto del ERE se distribuye de manera diferenciada entre las filiales. En las unidades CEV, se prevé que casi un tercio de la plantilla de Telefónica de España (2.925 empleados), una quinta parte en Telefónica Móviles (720 empleados) y aproximadamente el 11% en Telefónica Soluciones (120 empleados), opten por abandonar la empresa. En total, estas filiales podrían registrar hasta 3.765 bajas, aunque inicialmente se barajaba una cifra máxima de 5.040. La variabilidad dependerá de la cantidad de solicitudes voluntarias y de si se recurre a bajas forzosas para cubrir los mínimos establecidos en caso de insuficientes adhesiones voluntarias.
En las GBU, Telefónica Global Solutions despedirá a 109 empleados, Telefónica Innovación Digital a 182 y Telefónica S.A. a 294, sumando 585 bajas en total. Movistar+ también reducirá su plantilla en unos 175 puestos, disminuyendo la cifra inicialmente prevista del 35% de su personal (297 despidos) a cerca del 20%.
El impacto global del proceso supondrá una reducción del 26% de la plantilla en las siete filiales afectadas, que actualmente suman aproximadamente 17.248 empleados. Esta cifra representa una notable bajada respecto al 35% considerado en los primeros estadios de la negociación y refleja el ajuste estratégico de la compañía en su reorganización corporativa.
Las condiciones económicas de las indemnizaciones varían según la edad del trabajador. Para aquellos nacidos entre 1969 y 1971, los pagos alcanzan el 68% del salario regulador hasta los 63 años y el 38% en edades superiores; en el caso de los de 1965 a 1968, el porcentaje sube hasta el 62%, bajando en los años posteriores similares a los otros grupos. También existen requisitos específicos de antigüedad para acceder a las salidas voluntarias: 15 años en las filiales CEV y 13 en las GBU, con máximos de proceso que finalizan en 2028 y 2026, respectivamente.
Se mejoraron los incentivos económicos respecto a rondas anteriores, ofreciendo entre 5.000 y 18.000 euros a quienes opten por la voluntariedad, en función de su antigüedad. La oferta busca promover salidas voluntarias, priorizando la voluntariedad para reducir la carga social del proceso y evitar despidos forzosos.
Este acuerdo, además, está alineado con la estrategia corporativa que Telefónica anunció en noviembre, centrada en recortes de costes para cumplir con objetivos de ahorro de unos 3.000 millones de euros para 2030. La experiencia reciente en otros procesos, como el de enero de 2024 que supuso la salida de 3.420 empleados, ha servidode referencia y marco para los términos de este nuevo ERE, cuyo coste total se estima en unos 1.300 millones de euros y que ha permitido a la compañía obtener ahorros sustanciales anuales.
Las transformaciones en el grupo reflejan un proceso de ajuste estratégico que, si bien busca optimizar costes, también genera inquietudes en el ámbito laboral y social. La reducción de la plantilla, que afectará a varias de sus filiales claves, responde a la necesidad de adaptarse a un mercado más competitivo y a la tendencia de digitalización, aunque a costa de ajustes a nivel personal para miles de empleados.
