En un movimiento que ha causado malestar entre los técnicos de Hacienda en Cataluña, alrededor de 200 funcionarios han sido excluidos de participar en la gestión de la Campaña de la Renta de este año. Esta decisión ocurre en medio de un fortificado esfuerzo por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para colaborar más estrechamente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Los técnicos de Hacienda, representados por Gestha, han mostrado su desacuerdo con esta medida, sugiriendo que está relacionada con el robustecimiento de la ATC. El organismo autonómico ha sumado más de un centenar de trabajadores para proporcionar apoyo temporal en la atención a los contribuyentes durante la campaña del IRPF. Además, se ha anunciado la creación de 200 nuevas plazas dentro de la ATC, en un esfuerzo por cumplir con los acuerdos políticos entre el PSC y ERC.
Desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, se defiende que la reestructuración de los funcionarios no está vinculada con la mejora de los servicios ofrecidos por la ATC. Un portavoz ministerial enfatizó que «se amplía el servicio por parte de la ATC» y el nivel de servicio presencial de la AEAT en Cataluña se mantendrá igual.
Pese a estas explicaciones, los técnicos de Hacienda cuestionan el criterio utilizado para la reducción de su participación en la delegación catalana, argumentando que las complejidades de ciertas declaraciones requieren una atención especializada. Consideran que las decisiones tomadas son arbitrarias y conllevan desmotivación entre el personal altamente cualificado, además de repercutir en la calidad del servicio de ayuda al contribuyente.
A pesar de que un escenario similar se ha presentado en Madrid, donde también se ha reducido el número de operadores por un menor volumen de citas, el caso catalán ha adquirido mayor relevancia debido a los recientes cambios estructurales en la ATC y su creciente protagonismo en la gestión fiscal.
Los técnicos insisten en que sus capacidades y formación específica son esenciales para atender adecuadamente las demandas más complejas de los contribuyentes, y alertan sobre el potencial impacto negativo que la actual reorganización podría causar en el servicio al ciudadano.
Fuente: Gestha
