Madrid.
El impuesto a las grandes fortunas, autorizado por el Gobierno en 2022, ha provocado un aumento del 57,7% en la tributación de los más ricos en España, reflejan datos del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha. Esta medida ha forzado a las comunidades autónomas, notablemente Madrid y Andalucía, a eliminar las bonificaciones que permitían que las grandes fortunas pagaran mínimamente por el impuesto de Patrimonio.
El impuesto fue diseñado con el objetivo de eludir las bonificaciones estatales, obligando a los más ricos a contribuir significativamente. Así, los gobiernos autonómicos se vieron en la necesidad de suprimir esos beneficios fiscales para evitar que la recaudación terminara en manos de la Agencia Tributaria en lugar de en las haciendas locales.
Durante 2023, la recaudación del impuesto de patrimonio ascendió notablemente, alcanzando los 1.970 millones de euros, un incremento de 600 millones respecto al año previo. Según Gestha, aunque parte de este aumento se debe al crecimiento patrimonial, que ha incrementado en un 8%, la mayor parte corresponde a la eliminación de bonificaciones en regiones como Madrid y Andalucía.
Ese año, un total de 228.574 individuos presentaron la declaración del impuesto de Patrimonio, declarando un patrimonio superior a los 4,08 millones de euros como media. Este impuesto aplica a quienes poseen un patrimonio que excede los 700.000 euros, excluyendo la vivienda habitual, con regulaciones específicas en cada comunidad autónoma.
Cataluña lidera en número de ricos, superando los 90.000 declarantes. No obstante, es en Madrid donde se ubican quienes declaran más riqueza, alcanzando un promedio de 11 millones de euros entre los 24.533 declarantes.
El pago medio por el impuesto de patrimonio se situó en 10.249 euros, equivalentes al 0,21% del patrimonio. Esto se debe a varias exenciones, como las acciones de negocios familiares, y a ciertas bonificaciones autonómicas aún vigentes, a pesar de haberse eliminado muchas de ellas.
Fuente: Gestha
