El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 7 de noviembre de 2024 recoge la publicación de la Orden PJC/1222/2024, mediante la cual el Gobierno de España ha declarado como «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» varias áreas de la Península Ibérica y Baleares. Esta decisión surge a raíz de la intensa Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que azotó la región entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de este año.
El Consejo de Ministros, en su Acuerdo del 5 de noviembre, detalla en el apartado decimonoveno la suspensión de términos y la interrupción de plazos para los procedimientos administrativos en los municipios afectados. Esta disposición se mantendrá vigente hasta que el Consejo promulgue un nuevo acuerdo decretando su finalización. La suspensión aplica a los individuos que residan en los términos municipales listados en el anexo del Real Decreto-ley 6/2024, así como a aquellos cuya situación les dificulte o imposibilite el cumplimiento de trámites debido a los estragos causados por el fenómeno meteorológico.
Cuando el Consejo de Ministros revoque esta medida, se reanudará el plazo para la presentación de solicitudes de los afectados, según lo estipulado en el Acuerdo del 5 de noviembre de 2024. El nuevo plazo tendrá una extensión de 11 días hábiles, y los interesados deberán seguir el procedimiento de acreditación que se determine para validar su derecho a participar en las acciones compensatorias.
La declaración del estado de emergencia refleja la gravedad de los daños sufridos y responde a la necesidad de brindar una rápida respuesta gubernamental. Las DANA, conocidas por desprender lluvias torrenciales que producen inundaciones súbitas, han dejado a su paso una estela de destrucción que afecta tanto a propiedades como a infraestructuras básicas. En este contexto, las autoridades buscan garantizar la protección y asistencia a los ciudadanos, al tiempo que implementan medidas para la pronta recuperación de las regiones afectadas.
Nota de prensa de ANPE.
