Diez víctimas del atentado en el Centro Comercial Andino de Bogotá en 2017, que dejó tres muertos y ocho heridos, demandan justicia al Gobierno y a la Fiscalía. En una carta dirigida a altos dignatarios, exigen que el caso no quede en la impunidad. Según su abogado, Francisco Bernate, buscan atención estatal para sus difíciles situaciones, más allá de los procesos judiciales. El ataque, vinculado al Movimiento Revolucionario del Pueblo, dejó a varios sospechosos libres por falta de acusación formal. Violeta Arango Ramírez, presunta planificadora del atentado, fue nombrada gestora de paz por el Gobierno, generando controversia entre las víctimas. Además, se critica la falta de responsabilidad del centro comercial en la inclusión de las víctimas.
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