El Gobierno español ha anunciado la intención de presentar un anteproyecto de ley en el próximo Consejo de Ministros que condonará casi 85.000 millones de euros en deuda a las comunidades autónomas. Esta propuesta ha generado escepticismo entre las autonomías gobernadas por el Partido Popular (PP), que la interpretan como un intento del Ejecutivo por mantenerse en el poder. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que es poco probable que las comunidades rechacen esta condonación, argumentando que no tienen razones para hacerlo. También ha negado que haya un trato preferencial hacia Cataluña, enfatizando el objetivo de promover la igualdad entre regiones.
Las críticas no se han hecho esperar. Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Economía, Rocío Albert, ha denunciado que el proyecto busca «pura supervivencia política», insinuando que el Gobierno se apoya en los votos de los independentistas para garantizar su permanencia en La Moncloa. En un tono similar, otros gobiernos autónomos como el de Murcia y Andalucía han descalificado la propuesta, señalando que no responde a las necesidades de todas las comunidades y que es un «parche» que favorece los intereses de Cataluña. La consejera andaluza de Hacienda ha acentuado que con esta medida la deuda se mutualiza, advirtiendo que la carga terminará recayendo sobre todos los españoles.
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