El Gobierno de España ha presentado la subida salarial pactada con los sindicatos como una “gran noticia para el país”. El presidente Pedro Sánchez sostiene que, con el acuerdo para mejorar las condiciones del empleo público, “ganan los servidores públicos y gana la ciudadanía”, al ligarlo a la modernización de la Administración y a la calidad de los servicios públicos.
El pacto, firmado con UGT y CSIF —con CCOO aún evaluando su adhesión— contempla un incremento de hasta el 11 % en las retribuciones de los empleados públicos entre 2025 y 2028. En la práctica, esto se traduce en una subida del 2,5 % para 2025 con efectos retroactivos, un 1,5 % fijo para 2026 más hasta un 0,5 % adicional ligado al IPC, un 4,5 % en 2027 y un 2 % en 2028.
El mensaje oficial enfatiza dignidad salarial, estabilidad y modernización. Pero hay una parte del debate que apenas aparece en la foto de Moncloa: el tamaño creciente del sector público, el coste estructural que suponen estas decisiones en un contexto de gasto récord y el impacto de la revolución tecnológica, que ya está obligando a las empresas privadas a reestructurarse, automatizar procesos y reducir estructuras sobredimensionadas.
En España hay ya más de 3 millones de empleados públicos, según los últimos datos consolidados del Gobierno: 3,04 millones a julio de 2024, con un aumento de 57.703 efectivos en apenas medio año. Otras fuentes oficiales sitúan la cifra total de personal al servicio de las Administraciones en torno a los 2,96–3 millones, con más de 1,5 millones de funcionarios de carrera y centenares de miles de laborales, estatutarios sanitarios y otros colectivos.
Al mismo tiempo, el gasto público batió un récord en 2024 al superar por primera vez los 700.000 millones de euros, hasta los 725.001 millones, impulsado por el aumento del PIB, la recaudación fiscal y las cotizaciones sociales. Una parte muy relevante de esa factura está ligada a personal y a la estructura del Estado del bienestar.
En ese contexto, la subida salarial del 11 % tiene una lectura evidente desde la óptica de los sindicatos y del Ejecutivo: preservar el poder adquisitivo de más de 3 millones de empleados públicos y dar certidumbre en un momento de inflación todavía presente. Pero la otra cara de la moneda es el incremento de una masa salarial ya muy elevada, con un peso creciente sobre las cuentas públicas en un país que sigue arrastrando una deuda superior al 100 % del PIB y un déficit estructural difícil de corregir.
Uno de los argumentos centrales del Gobierno para justificar el acuerdo es que no se trata solo de subir sueldos, sino de avanzar hacia “un modelo de empleo público más contemporáneo”, apoyado en la digitalización y las nuevas tecnologías para ganar eficiencia, rapidez y cercanía al ciudadano.
Ahí coincide con las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, que insisten en que la inteligencia artificial y las herramientas digitales pueden acelerar la transformación de las administraciones públicas, mejorar la productividad y reforzar la confianza ciudadana si se combinan con revisiones de gasto y mayor transparencia.
Sin embargo, en el discurso oficial apenas aparece una idea incómoda pero inevitable: si la tecnología permite hacer más con menos, ¿no debería eso reflejarse también en una reducción gradual del tamaño de los conglomerados públicos, como sí sucede desde hace años en muchas grandes empresas privadas?
El sector privado lleva décadas reestructurándose: automatización de procesos administrativos, externalización de funciones no críticas, reorganización de equipos, cierres de oficinas físicas y apuesta por canales digitales. En cambio, el sector público español ha tendido más a superponer capas: se digitalizan trámites, pero rara vez se eliminan procedimientos; se crean nuevas unidades, pero pocas veces se cierran las obsoletas; se amplían estructuras autonómicas y locales sin simplificar del todo las estatales.
La modernización se plantea casi siempre como un “añadir” y muy pocas veces como un “sustituir”.
Nadie discute que haya ámbitos donde faltan manos: sanidad con listas de espera, aulas saturadas, juzgados colapsados, servicios sociales desbordados. Pero en paralelo existen duplicidades administrativas entre Estado, comunidades autónomas, diputaciones, cabildos, consells y ayuntamientos; organismos cuya utilidad real es difícil de explicar al ciudadano medio; y estructuras que parecen más pensadas para sostener el propio aparato que para prestar un servicio ágil.
El acuerdo presentado se centra en tres grandes ejes: mejora de las condiciones laborales, incremento salarial escalonado y apuesta por la formación y la carrera profesional. Son piezas importantes, pero no abordan de frente la cuestión de fondo: qué tamaño y qué estructura debería tener el empleo público español en plena era de la automatización, el expediente electrónico y la inteligencia artificial aplicada a la gestión.
La eliminación de la tasa de reposición, incluida en el pacto para facilitar el relevo generacional, puede ayudar a rejuvenecer plantillas envejecidas y reducir temporalidad, pero también abre la puerta a seguir aumentando el número total de empleados si no se acompaña de una reflexión estratégica sobre qué puestos son realmente necesarios y cuáles podrían redefinirse o integrarse gracias a la tecnología.
Mientras tanto, la comparación con las grandes compañías resulta inevitable. Bancos que han cerrado miles de oficinas y reducido plantillas al incorporarse la banca digital; operadoras que automatizan atención al cliente; grupos industriales que sustituyen procesos manuales por robots o sistemas de control avanzados. Cada transición tecnológica ha venido acompañada de ajustes, no solo de mejores herramientas para hacer lo mismo.
En el sector público la narrativa dominante es distinta: se reivindica con razón el papel esencial de los servicios públicos durante la pandemia y en episodios de emergencia climática, pero rara vez se acompaña ese reconocimiento de un compromiso explícito con la revisión de estructuras, la medición sistemática de resultados o la eliminación de inercias.
No se trata de precarizar ni de recortar por recortar, sino de aplicar al Estado una parte del rigor que se exige a cualquier empresa: análisis de procesos, indicadores de productividad, evaluación independiente, decisiones difíciles cuando los datos muestran que algo no funciona.
La subida del 11 % hasta 2028 permitirá a muchos empleados públicos recuperar parte del poder adquisitivo perdido y dará estabilidad a millones de hogares. Eso es innegable. También puede ayudar a atraer talento en áreas críticas donde la Administración compite con el sector privado, como tecnología, ingeniería, análisis de datos o perfiles sanitarios altamente especializados.
Pero, en paralelo, consolidará un nivel de gasto estructural más alto en un Estado que ya se ha acostumbrado a crecer en personal y en presupuesto incluso en los años de bonanza, sin aprovechar del todo las oportunidades que brinda la transformación digital para simplificar y adelgazar su maquinaria.
El riesgo es claro: que España salga de este ciclo con un sector público más caro, pero no necesariamente más eficiente ni más cercano al ciudadano; con mejores nóminas, pero los mismos cuellos de botella de siempre; con mucha retórica sobre modernización, pero pocas decisiones valientes sobre tamaño, duplicidades y prioridades.
El debate sobre el empleo público no debería reducirse a estar “a favor” o “en contra” de los funcionarios. La cuestión clave es otra: qué Administración necesita la sociedad española en la década de la inteligencia artificial, cuánto cuesta mantenerla y qué está dispuesta a hacer la política —más allá de las fotos de firma— para que cada euro destinado al Estado rinda al máximo para el conjunto de la ciudadanía.
¿A cuántos empleados afecta la subida salarial del 11 % hasta 2028?
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios se aplica a más de 3 millones de empleados públicos, incluyendo funcionarios de carrera, personal laboral, sanitario estatutario, fuerzas y cuerpos de seguridad y otros colectivos al servicio de las Administraciones. Diferentes estadísticas sitúan el total entre 2,96 y algo más de 3,04 millones de trabajadores, según el momento de referencia.
¿Cómo se reparte en la práctica la subida del 11 % pactada para el empleo público?
El incremento no se aplica de golpe, sino de forma escalonada. Para 2025 se contempla un 2,5 % con carácter retroactivo; en 2026, un 1,5 % fijo más hasta un 0,5 % variable en función del IPC; en 2027, un 4,5 % adicional; y en 2028, un 2 % final. En conjunto, la mejora acumulada se sitúa en torno al 11–11,4 %, según las cláusulas ligadas a la inflación.
¿Esta subida implica necesariamente más impuestos o más deuda pública en España?
La respuesta dependerá de las prioridades presupuestarias que se fijen en los próximos años. El gasto público ya alcanzó en 2024 un nivel récord de 725.001 millones de euros y cualquier incremento estructural en la masa salarial añade presión a las cuentas. Si no se compensa con más ingresos, mayor crecimiento económico o ahorro en otras partidas mediante reformas y eficiencia, parte del ajuste puede terminar en más déficit y deuda futura.
¿Tiene sentido reducir el tamaño de la Administración en plena era de la digitalización y la inteligencia artificial?
La cuestión no es tanto “reducir por reducir”, sino rediseñar el empleo público aprovechando las nuevas tecnologías. Organismos como la OCDE recuerdan que la IA y la digitalización pueden mejorar eficiencia, transparencia y acceso a servicios, pero también obligan a revisar procesos, eliminar duplicidades y replantear qué tareas requieren realmente presencia humana y cuáles pueden automatizarse. Mantener estructuras inalteradas mientras se incorporan herramientas digitales puede llevar a un Estado más caro, pero no necesariamente más eficaz.
Fuentes:
Presidencia del Gobierno de España – La Moncloa: “Pedro Sánchez destaca que con el acuerdo para mejorar las condiciones del empleo público ganan los servidores públicos y los ciudadanos” (27.11.2025).
OCDE y estudios sobre digitalización e inteligencia artificial en administraciones públicas.
