La comparecencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la comisión de investigación sobre la gestión de la DANA que devastó parte de la provincia de Valencia en octubre de 2024, ha reavivado el debate sobre la responsabilidad política en la tragedia que dejó 229 fallecidos. Mazón defendió su postura, insistiendo en que ha asumido responsabilidades, incluyendo cambios en su gobierno, pero lanzó duras críticas al papel del Gobierno central y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Afirmó que no tenía responsabilidad operativa durante la emergencia y explicó su ausencia en el Cecopi, alegando que no se percibió la magnitud del problema en el barranco del Poyo en ese momento crucial.

Representantes de la oposición, incluyendo al PSPV y Compromís, cuestionaron a Mazón sobre su paradero durante la crisis, resaltando su decisión de no acudir al centro de emergencias en Utiel durante la inundación. La falta de respuestas claras dejó sin resolver las dudas sobre su agenda y la comida que mantuvo mientras la situación se deterioraba. Mazón, en defensa de su actuación, sugirió que otros también deben asumir su parte de responsabilidad, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de falta de colaboración en la reconstrucción y de haber actuado por intereses políticos después de la tragedia.

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