Los socios de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Gobierno de España han impulsado su desahucio de un chalet en Cercedilla, en la sierra madrileña, que ocupa de forma irregular desde 2019. El gobierno municipal, compuesto por el Grupo Independiente de Cercedilla (GIC) y el PSOE, promueve la expulsión de García y otros vecinos, alegando que la concesión pública de las viviendas expiró y planean alquilarlas por 2.000 euros mensuales, una medida prometida por el actual alcalde David Martín (GIC) durante su campaña. Los socialistas a nivel local mantienen este enfoque, buscando obtener ingresos para proyectos municipales como viviendas jóvenes y mejoras urbanas.
Enrique Castells, secretario de la asociación de propietarios afectados en la colonia de Camorritos, critica la medida, acusando al Ayuntamiento de intentar hacer negocio especulativo con sus viviendas. La asociación, de la que forma parte Mónica García, se opone a abandonar las casas y está dispuesta a emprender acciones judiciales, generando previsibles gastos al Ayuntamiento. El segundo teniente de alcalde, Miguel Campillos (PSOE), afirmó que se cumplirá con la ley y se pedirá la entrega de las llaves si así lo determina la Comunidad de Madrid. Las autoridades locales han enviado cartas amenazando con medidas legales si no se entregan las llaves, aunque los afectados prometen seguir luchando por la amnistía.
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