En una época donde el acceso a servicios de salud se ha convertido en un tema de intenso debate global, la consigna «¡Nuestra salud, no es una mercancía!» resuena con mayor fuerza entre comunidades, organizaciones y defensores de derechos humanos. Este mantra encapsula una preocupación creciente sobre la mercantilización de la salud y cómo esta tendencia puede erosionar el principio fundamental de que el bienestar de las personas debe estar por encima de intereses económicos.
La crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 evidenció disparidades significativas en los sistemas de salud alrededor del mundo. En muchas naciones, los servicios médicos se han visto sobrepasados, y el acceso a tratamientos y vacunas ha sido desigual, destacando líneas de falla en el tejido de los derechos a la salud. En este contexto, la salud como un bien de mercado amenaza con excluir a aquellos que no pueden pagar los crecientes costes asociados con la atención médica, desde tratamientos básicos hasta procedimientos de alta complejidad.
La privatización y corporativización de los servicios de salud son fenómenos florescentes en numerosos países. La lógica del máximo beneficio económico parece estar en disonancia con una atención centrada en el paciente, y críticos argumentan que este enfoque puede priorizar tratamientos más provechosos financieramente sobre aquellos que sean realmente necesarios. Este cambio se refleja también en la industria farmacéutica, donde el desarrollo de medicamentos, en ocasiones, parece impulsado más por la rentabilidad que por la necesidad médica urgente.
Frente a estas tendencias, un movimiento diverso e internacional está cobrando fuerza, compuesto por organizaciones no gubernamentales, profesionales de la salud, activistas y ciudadanos preocupados, todos abogando por un cambio de paradigma. Estos colectivos sostienen que el acceso a la salud debe ser reconocido no solo como un servicio esencial, sino como un derecho humano inalienable. Abogan por políticas públicas que fortalezcan los sistemas de salud públicos, garanticen la universalidad de los servicios básicos, y promuevan la transparencia y equidad en el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias.
Sin embargo, materializar este ideal requiere más que buenas intenciones. La implementación de políticas efectivas debe estar acompañada de una financiación adecuada y sostenible por parte de los estados, así como de un compromiso internacional para enfrentar las presiones comerciales que buscan convertir la salud en un lucrativo negocio. Además, se necesita una participación ciudadana activa para exigir más de sus gobiernos, quienes deben responder con marcos regulatorios que aseguren la no explotación de los enfermos y la justicia en el acceso.
En conclusión, la reivindicación de que la salud no es una mercancía apunta a reposicionar este tema no como un privilegio, sino como una piedra angular del bienestar humano. A medida que el mundo sigue enfrentándose a nuevos desafíos sanitarios, es imperativo que esta premisa guíe las reformas necesarias y se erija como un principio básico en la búsqueda de un sistema de salud justo y equitativo.
Nota de prensa de ANPE Madrid.
