Un estudio reciente revela que una de cada tres personas en España necesita realizar reformas en sus viviendas para mejorar su eficiencia energética, pero la mayoría no puede llevarlas a cabo debido a las barreras económicas y otros obstáculos estructurales. La investigación, elaborada por EsadeEcPol, basada en datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, evidencia que estos obstáculos afectan especialmente a hogares con viviendas antiguas y bajos ingresos.
Según el informe, más de un 35% de la población declara necesitar mejoras en eficiencia en sus viviendas y no haberlas realizado. El coste es la principal razón, aducido por el 78% de quienes no han reformado, lo que posiciona a la barrera económica como el principal freno para la rehabilitación. La antigüedad del parque residencial agrava la situación: viviendas construidas antes de 1960 presentan una necesidad de reformas en torno al 65%, y esa demanda se concentra aún más en hogares de bajos ingresos que residen en viviendas de décadas anteriores, como las de 1945 a 1960.
El análisis también muestra que la situación de las viviendas en alquiler difiere significativamente de la de las propiedades en propiedad. Los propietarios tienen más incentivos para realizar reformas, con una tasa de ejecución que alcanza el 51% en el quintil de ingresos más alto, frente a solo el 17% en el segmento de menores ingresos. En cambio, en viviendas en alquiler, la influencia de los ingresos en la decisión de rehabilitar es mínima: apenas se diferencia entre diferentes niveles económicos, y las reformas enenergías renovables, por ejemplo, se sitúan en un 44,2% en casas propias frente a solo un 11% en alquiler.
La fragmentación del entorno residencial complica aún más el proceso de renovación. La dificultad de llegar a acuerdos entre vecinos en edificios colectivos aumenta los obstáculos, con un incremento del interés en reparaciones en comunidades con más de diez viviendas, donde los obstáculos de coordinación alcanzan el 17%. Además, las restricciones patrimoniales y la gestión administrativa suelen frenar los esfuerzos de mejora, especialmente en comunidades con más viviendas.
Por regiones, Navarra, País Vasco y Baleares lideran las tasas de reformas en 2025, con más del 26% de los hogares en vías de mejora. Sin embargo, la distribución no es equitativa; comunidades como Asturias y Aragón muestran brechas de hasta 26 puntos en la tendencia de rehabilitación, vinculadas a la pobreza y a la antigüedad del parque inmobiliario.
El informe propone distintas estrategias para revertir esta situación: ampliar y orientar mejor las ayudas públicas, especialmente para hogares en situación de mayor vulnerabilidad y viviendas más envejecidas; reducir los costes y la complejidad burocrática en la tramitación de reformas; y modificar los incentivos económicos para que tanto propietarios como inquilinos encuentren más ventajoso realizar mejoras. También se recomienda focalizar esfuerzos en reducir el estrés térmico en verano y mejorar la coordinación en edificios colectivos, donde la fragmentación y la falta de acuerdo constituyen una barrera importante.
Este panorama resalta la necesidad de políticas integradas que puedan facilitar el acceso a reformas energéticas, un paso crucial para abordar no solo la eficiencia energética sino también los desafíos sociales asociados al envejecimiento del parque inmobiliario en España.
