El Tribunal de Cuentas ha archivado la investigación contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por supuesta malversación de fondos públicos relacionadas con dos medidas adoptadas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso en apoyo a Israel durante el conflicto con Palestina. Las acusaciones giraban en torno a una subvención de 55.596 euros otorgada a la comunidad judía de Madrid, y la firma de un convenio para alquilar 13 viviendas sociales a esta entidad. El órgano fiscalizador determinó que las ayudas no constituyen una infracción, desestimando así las denuncias de la Asociación Preeminencia del Derecho, que argumentaba un trato desfavorable hacia la comunidad musulmana palestina.
Por otro lado, el Tribunal Supremo también desestimó en junio otra denuncia contra Ayuso, relacionada con las muertes en residencias de ancianos durante la pandemia. La denuncia acusaba a la presidenta de homicidio imprudente y otros delitos, pero fue considerada «genérica o difusa» por el tribunal. Este fallo se suma a otras 21 causas archivadas, reafirmando que no se puede responsabilizar penalmente a Ayuso solo por su posición. Sin embargo, el Supremo sí reconoció que es legítimo cuestionar sus políticas sanitarias, recordando que numerosas denuncias similares siguen en curso, algunas de las cuales podrían esclarecer más detalles sobre lo sucedido en las residencias.
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