La defensa del empresario José González Amador ha solicitado al Tribunal Supremo que obtenga registros telefónicos claves para la investigación que se lleva a cabo en su contra. En un giro significativo en el caso, que ha captado la atención nacional, los abogados han pedido formalmente que se reclamen los datos de las comunicaciones de Pilar Rodríguez y Diego Villafañe. La solicitud se presenta en un contexto de creciente escrutinio sobre el manejo de pruebas electrónicas en casos de alto perfil, destacando la importancia de los registros digitales en los procedimientos judiciales modernos.
Este desarrollo subraya la estrategia de la defensa de González Amador, que busca cuestionar la validez de las pruebas presentadas y arrojar luz sobre las comunicaciones que podrían ser decisivas para la resolución del caso. Los detalles específicos de las relaciones entre las partes involucradas permanecen en gran parte confidenciales, pero los registros telefónicos solicitados podrían aportar información crucial. Esta medida ha generado un intenso debate sobre la privacidad y la legalidad de acceder a datos personales en investigaciones judiciales, y el caso podría establecer precedentes significativos en la jurisprudencia española.
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