La semana de reuniones que ha prometido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se plantea como un desafío crítico para la Moncloa, especialmente en un contexto marcado por el escándalo relacionado con Santos Cerdán. Aunque hasta ahora ninguno de los socios parlamentarios que apoyaron su investidura ha indicado su intención de retirarle el respaldo, han demandado con insistencia explicaciones más claras y acciones más contundentes. Las exigencias, que van desde la supresión de aforamientos para cargos públicos hasta la prohibición de contratos a empresas condenadas por corrupción, plantean una presión creciente sobre Sánchez para abordar la crisis de manera efectiva.
Podemos ha liderado las críticas, negándose a participar en lo que considera una «operación de lavado de cara» del PSOE. Los miembros de esa formación han calificado de «vacío» el discurso del presidente y han cuestionado su voluntad de combatir la corrupción. Otros aliados, como ERC y el PNV, aunque no han tomado una postura tan drástica, también han manifestado la necesidad de una «limpieza» dentro del Gobierno. En este entorno tenso, la posibilidad de que Sánchez pierda el apoyo de sus socios sigue latente, lo que podría comprometer la estabilidad de su administración y la continuidad de la legislatura.
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