Los sindicatos UGT y CCOO han decidido respaldar públicamente las movilizaciones programadas para el 5 de abril en favor del derecho a la vivienda, una iniciativa impulsada por colectivos de inquilinos en diversas ciudades del país. A través de un contundente manifiesto, ambas organizaciones sindicales urgieron a situar el acceso a una vivienda digna como una prioridad indispensable, advirtiendo sobre el impacto negativo de las políticas habitacionales actuales, que consideran insuficientes para abordar la creciente crisis.
UGT y CCOO consideraron que el problema del acceso a la vivienda afecta principalmente a la clase trabajadora, que debe destinar una parte significativa de sus ingresos a pagar alquileres e hipotecas con precios desorbitados. Esta situación, según señalan, es consecuencia directa de políticas erráticas aplicadas durante décadas, que han impedido a millones de personas obtener una vivienda acorde a sus necesidades.
Los sindicatos también denunciaron como uno de los principales obstáculos la falta de implementación de la ley por el derecho a la vivienda en muchas comunidades autónomas. Propusieron que se amplíen las competencias de las entidades locales para declarar zonas tensionadas cuando las comunidades no actúan al respecto, y que el financiamiento estatal en materia de vivienda dependa del cumplimiento de esta normativa.
Como parte de la solución, UGT y CCOO enfatizaron la urgencia de limitar el precio del alquiler en las áreas más afectadas y regular nuevas formas de arrendamiento que han contribuido al aumento de precios, como el alquiler turístico y de temporada. En cuanto al acceso a la vivienda en propiedad, abogaron por reformar el mercado hipotecario para facilitar la financiación a las personas trabajadoras.
El manifiesto concluye haciendo un llamamiento a implementar reformas sustanciales en el corto y largo plazo. Entre las propuestas destacan la necesidad de intervenir el mercado del alquiler, crear un gran parque de vivienda pública a precios asequibles, movilizar viviendas vacías para su alquiler social, y aplicar incentivos fiscales que desincentiven el uso de la vivienda como negocio. Estas medidas, afirman, buscan asegurar que el gasto en vivienda no supere el 30% de los ingresos de los hogares, garantizando así una vida digna para todos.
Fuente: UGT Madrid
