En un clima político marcado por la incertidumbre, la propuesta del Gobierno español para reducir la jornada laboral a 37,5 horas se enfrenta a un complejo proceso de aprobación en el Parlamento. La medida, anunciada recientemente tras el Consejo de Ministros, ha suscitado reacciones variadas entre los distintos partidos y agentes sociales. Mientras los líderes sindicales de CC OO y UGT, Javier Pacheco y Camil Ros, instan a Junts per Catalunya y otros partidos a facilitar su tramitación, Junts ha expresado reservas significativas. Jordi Turull, secretario general de Junts, sostuvo que la propuesta podría afectar negativamente a la negociación colectiva y a las pequeñas y medianas empresas, argumentando que aún no se han evaluado adecuadamente sus repercusiones económicas.
En este contexto, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha defendido la iniciativa como un paso histórico hacia la mejora social, subrayando que la mayoría de los trabajadores apoya esta medida. Durante un acto en Viladecans, Díaz cuestionó la resistencia de ciertos sectores, destacando que Cataluña, con una productividad superior a la media nacional, debería liderar estos cambios. Los comunes, por su parte, han reiterado su compromiso con la propuesta, mientras que esperan que otros partidos, incluido Junts, también se sumen. Aunque desde La Moncloa afirman que la medida potenciará la productividad y reducirá el absentismo, existe una falta de consenso total incluso dentro de la coalición de Gobierno, integrada por PSOE y Sumar, lo que anticipa un debate parlamentario complicado.
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