En un desarrollo significativo, sindicatos influyentes han interpuesto una demanda contra los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional de Estados Unidos. Los sindicatos United Automobile Workers (UAW), Communications Workers of America (CWA) y American Federation of Teachers (AFT) están detrás de esta acción legal que busca detener un programa de vigilancia que consideran inconstitucional y dirigido a reprimir la libertad de expresión en línea.
Desde los inicios de la administración de Donald Trump, se ha implementado un sistema masivo de vigilancia que monitorea el discurso protegido de los no ciudadanos en el país. Utilizando inteligencia artificial y tecnologías automatizadas, el gobierno intenta identificar y sancionar a aquellos cuyas opiniones difieren de sus intereses. Este enfoque ha generado un ambiente de intimidación pública, afectando a inmigrantes y a sus redes más cercanas.
La demanda subraya que más del 60% de los miembros del UAW y más del 30% del CWA que conocían el programa han modificado su actividad en redes sociales debido a esta vigilancia. Estos números son aún más altos entre los no ciudadanos: más del 80% de los miembros del UAW sin ciudadanía estadounidense han cambiado su comportamiento en línea.
Los testimonios de los sindicalistas revelan una respuesta contundente: muchos decidieron no publicar, eliminar contenido o incluso cerrar sus cuentas. Además, han modificado su participación en actividades, evitando ser identificados públicamente y reduciendo su presencia en protestas.
Apoyados por la Electronic Frontier Foundation (EFF) y Muslim Advocates, los demandantes argumentan que el programa viola la Primera Enmienda y la Ley de Procedimiento Administrativo. Los líderes sindicales han manifestado su malestar, señalando que esta represión del discurso es un ataque directo a los principios democráticos del país.
Shawn Fain, presidente de UAW, subrayó que la vigilancia y los intentos de silenciar a los trabajadores no solo afectan a individuos, sino que amenazan el espíritu de libertad en Estados Unidos. Por su parte, Claude Cummings Jr., presidente de CWA, indicó que el movimiento laboral se basa en la libertad de expresión, afirmando que el programa desafía esos derechos. Randi Weingarten, presidenta de AFT, criticó al gobierno por intentar restringir la libertad de expresión a aquellos discursos de su aprobación.
Desde la EFF se ha alertado sobre el efecto paralizante que estas tecnologías de vigilancia tienen sobre la libertad de expresión, señalando una revisión exhaustiva de opiniones mediante herramientas automatizadas.
Este caso no solo busca detener el programa de vigilancia, sino que también desafía el uso del poder gubernamental para silenciar voces y proteger derechos fundamentales en una sociedad diversa y democrática.
