El Ministerio de Trabajo ha emprendido un proceso de revisión del salario mínimo interprofesional (SMI) para el año 2026, convocando a una comisión de expertos encargada de determinar el ajuste necesario para que el SMI se mantenga en el 60% del salario medio, protegiendo así su capacidad adquisitiva. En un contexto en el que los sindicatos UGT y CC OO ya han manifestado su posición, proponiendo un aumento del 7,5% para que el SMI ascienda a 1.273 euros brutos mensuales en 14 pagas, el debate se intensifica ante la posibilidad de que este nivel retributivo comience a tributar a partir del próximo año. Los sindicatos argumentan en favor de incrementar el salario mínimo por el IRPF, sosteniendo que, de dejar de estar exento, deberá ajustarse para conservar su proporción neta respecto al salario medio.
La solicitud a los expertos incluye dos escenarios, uno donde el SMI tributa y otro donde no lo hace, reflejando el tira y afloja entre los ministerios de Trabajo y Hacienda sobre la tributación del salario mínimo. La sugerencia de que el SMI debería dejar de estar exento de impuestos encuentra eco en las recientes posturas sindicales, aunque la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aboga por su exención. Con un incremento acumulado del 61% desde 2018 cuando Pedro Sánchez asumió el cargo, el SMI ha sido objeto de importantes aumentos, llevando a que actualmente se sitúe en 1.184 euros brutos mensuales. En este marco, las decisiones sobre el SMI dependerán también de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, cuyo próximo dato se espera el 16 de diciembre, así como de las estadísticas de convenios colectivos y la inflación, que marcan el ritmo de las actuales negociaciones salariales.
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