El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un proyecto de ley que plantearía la condonación de hasta 83.152 millones de euros de deuda acumulada por las comunidades autónomas en España. Esta medida afectaría especialmente a Andalucía y Cataluña, que se beneficiarían con reducciones de 18.791 y 17.104 millones de euros respectivamente, acumulando más del 43% del total conjunto entre ambas.
La decisión es vista con escepticismo por los Técnicos de Hacienda (Gestha), quienes califican la quita de deuda como una «solución parcial e incompleta» frente a un modelo de financiación autonómica que describen como «obsoleto». Según Gestha, esta medida no aborda los déficits sistémicos que las comunidades enfrentan para cubrir sus gastos públicos de manera adecuada.
El impacto de la condonación se traduce en una reducción significativa del reembolso de la deuda pública autonómica, la cual equivaldría al 24,6% de la deuda a marzo de 2025, según el Protocolo de Déficit Excesivo. Extremidades como Canarias y Andalucía verían su deuda reducida en un 51% y 46,4% respectivamente. Por otro lado, Cataluña se sitúa en un 19,1%.
El alivio de deuda por habitante ajustado también es desigual. Mientras que el promedio nacional ronda los 1.892 euros, comunidades como la Región de Murcia, Cataluña y Andalucía superan los 2.284 euros por habitante. La Comunidad de Madrid y Galicia, entre otras, figuran en la parte baja de este ranking.
El contexto político añade una capa de complejidad adicional. A pesar de las críticas hacia la medida, se anticipa que será difícil para los gobiernos autonómicos rechazar una reducción de su deuda. Gestha apunta que el 71,7% de la quita beneficiaría a gobiernos liderados por el PP, aunque es necesario recalcar que el proyecto aún debe enfrentar el escrutinio parlamentario.
Por ahora, el proyecto de ley aguarda su turno en las Cortes Generales. Sin el respaldo necesario del PP y algunos socios, como Junts, que han expresado reservas por la extensión de la condonación a todas las comunidades, el futuro de la iniciativa permanece incierto.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es instada por Gestha a seguir adelante con las negociaciones para reformar el modelo de financiación autonómica y extender el debate a la financiación de entidades locales, subrayando que la solución propuesta es sólo un primer paso hacia la equidad financiera entre las autonomías del país.
Fuente: Gestha
