La cumbre del Consejo de Asuntos Generales en Bruselas dejó en el aire la propuesta de oficializar el catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea, ya que se decidió posponer la votación debido a las dudas manifestadas por varios países miembros. Fernando Sampedro, secretario de Estado de la UE, destacó que estamos «más cerca que nunca» de alcanzar este objetivo, mientras el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que la oficialidad es un compromiso «irreversible». Sin embargo, siete estados, entre ellos Alemania y Francia, expresaron que la cuestión aún está «poco madura» y demandan más discusiones sobre los aspectos legales y económicos involucrados.
La complejidad de esta situación se refleja en la división de opiniones entre los países, con algunos dispuestos a apoyar la medida siempre y cuando no les suponga un coste. Además, se cierne sobre la propuesta el temor a un efecto dominó que podría derivar en demandas similares de otros idiomas en la UE, dada la existencia de alrededor de 50 lenguas en situaciones análogas. La Comisión Europea ya ha estimado que el coste de oficializar estas lenguas podría ascender a 132 millones de euros, cifra que España está dispuesta a absorber mientras aguarda el momento adecuado para avanzar en el proceso.
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