California se encuentra al borde de un cambio significativo en la regulación del entorno laboral con la introducción del proyecto de ley S.B. 7, conocido como la «Ley de No Jefes Robot». Esta propuesta legislativa ha conseguido el apoyo de diversos grupos defensores de derechos laborales y digitales, quienes celebran su enfoque en mitigar los impactos del abuso de la automatización en el trabajo.
El uso de sistemas de decisión automatizados (ADS) por parte de los empleadores se ha convertido en motivo de preocupación. Estos sistemas, basados en inteligencia artificial, no solo evalúan comportamientos como el lenguaje corporal y el tono de voz de los candidatos, sino que también predicen conductas laborales, como la intención de organizar un sindicato o de renunciar. El uso de algoritmos para determinar despidos ha llevado a cuestionamientos sobre la imparcialidad, con indicios de discriminación por género, raza y otros criterios.
La S.B. 7 impondría a los empleadores la obligación de ser transparentes sobre el uso de ADS. Antes de implementar tales sistemas en la toma de decisiones laborales, deberán informar a los trabajadores de manera clara y directa sobre los tipos de decisiones afectadas, además de detallar cómo funcionan. Asimismo, el proyecto promueve el debido proceso para los trabajadores que enfrenten medidas disciplinarias o despidos basados en decisiones automatizadas, prohibiendo que estas decisiones sean el único motivo de acción disciplinaria.
Entre otras regulaciones, se exigirá a los empleadores mantener registros actualizados de los ADS que utilicen. Los sistemas no podrán ser empleados para violar leyes ni para discernir la pertenencia de un empleado a una clase protegida. Además, se buscará proteger a los empleados de represalias si ejercen sus derechos en virtud de esta nueva legislación.
Sin embargo, la legislación aún enfrenta retos mayores ya que otras entidades, como arrendadores y aseguradoras, continúan utilizando decisiones automatizadas que a menudo perjudican a los interesados. La lucha por una tecnología inclusiva y libre de abusos y discriminaciones sigue siendo primordial para numerosos defensores de derechos digitales en el estado.
