La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha suscrito el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla en colaboración con diversos sectores agroindustriales. El pacto, firmado en Palacio Nacional, busca reducir el precio de la tortilla en un 5% durante los próximos seis meses, y alcanzar una disminución total del 10% para el final del sexenio. Este ajuste de precios pretende eliminar intermediarios en la cadena de suministro al fomentar acuerdos directos entre productores y procesadores de maíz, lo que permitirá una distribución más eficiente y un abasto directo a tortillerías y molinos. El acuerdo ha involucrado a diversas dependencias, incluidas las secretarías de Economía y Agricultura, y contará con la supervisión de Profeco para garantizar que los precios sean justos y acordes a lo estipulado.
Sin embargo, el acuerdo ha enfrentado críticas, especialmente del Consejo Nacional de la Tortilla. Homero López, su presidente, cuestiona la efectividad del convenio, afirmando que solo representa al 0.1% de los productores y que el mercado de la tortilla tiene variables internacionales que escapan al control local, como el precio del maíz en la Bolsa de Chicago. López también señala que costos como el acero, la energía, y otros insumos presentan incrementos constantes. Además, critica la competencia desleal de negocios informales que evaden impuestos y normativas, lo que, según él, daña a los productores formalmente establecidos. A pesar de las expectativas del gobierno, el escepticismo persiste entre los principales actores de la industria, quienes dudan de que el plan pueda estabilizar o reducir el precio de la tortilla de manera significativa.
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