Michoacán ha recibido su cuarto plan de pacificación en casi dos décadas, presentado por Claudia Sheinbaum en respuesta a la crítica situación de seguridad que azota al estado. El plan surge tras los recientes asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder agrícola Bernardo Bravo, eventos que han puesto en jaque las estadísticas optimistas de reducción de homicidios del gobierno. La iniciativa, considerada “una prioridad nacional” por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, contempla un amplio despliegue de medidas que incluyen la presencia militar incrementada, combate a la extorsión, así como inversión en infraestructura y programas sociales por un monto superior a los 57,000 millones de pesos.
La comunidad michoacana, conmovida por estos eventos violentos, ha mostrado su descontento mediante protestas que también exigen respuestas del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Sheinbaum ha subrayado que su estrategia no solo busca imponer la paz con fuerza, sino construirla junto a las comunidades mediante consultas que involucran a diversos sectores sociales, incluidos los kuarichas, los grupos de seguridad comunitaria indígena. El plan también aborda el refuerzo de la seguridad en las fronteras del estado y la implementación de una línea de denuncia anónima para enfrentar la extorsión, reflejando un enfoque integral que busca un cambio profundo en la seguridad de Michoacán.
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